El juez José Castro acaba de imputar a la infanta Cristina por los delitos de supuesto blanqueo de capitales en la gestión y manejo de fondos sospechosos generados por los negocios de su esposo Iñaki Urdangarin y contra la Hacienda pública. En un auto de 227 folios, el magistrado cita a la hija del Rey a declarar el próximo 8 de marzo a las diez de la mañana en Palma de Mallorca, en el marco del sumario por supuesta corrupción del caso Urdangarin también llamado caso Nóos.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, sin embargo, está en contra de la imputación por «la inexistencia de indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación». Además Horrach indica que «no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho» e insiste «por su presunta participación en los hechos delictivos y no por su condición». A su vez, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que al menos en media docena de veces ha explicado, en los últimos meses, que no hay indicios para imputar a la infanta, rechaza un trato de favor de la hija del Rey por parte del Ministerio Público. «No hay ningún trato de favor. Sería un trato de desfavor hacer lo contrario de lo que uno piensa justificadamente en Derecho»
