Los principales festivales de música en España han pasado a formar parte del portafolio de la promotora Superstruct Entertainment, adquirida por el fondo de inversión estadounidense KKR, según ha revelado un reportaje de El Salto. Sónar, Arenal Sound, Viña Rock o FIB, entre otros, se encuentran ahora bajo el control de esta gigante inversora.
Esta situación ha generado un rechazo creciente entre artistas y activistas, que denuncian la “falta de ética” de estas grandes corporaciones en la programación y organización de estos eventos culturales.
Uno de los primeros en manifestar su desacuerdo ha sido el dúo musical La Élite, que ha comunicado la cancelación de su actuación confirmada en el FIB. En un comunicado, la banda leridana ha declarado que “nunca participaremos activamente en la propagación de un genocidio y mucho menos con nuestro dinero como moneda de cambio”.
Tras la publicación de un comunicado de Sónar que ha sido calificado de “insuficiente” por artistas y activistas, decenas de artistas anunciados en el cartel del festival han firmado una carta conjunta en la que rechazan participar en el evento. La carta, publicada por la artista Juliana Huxtable, está suscrita por nombres como Colin Self, Loraine James, Kode9 o Nina Emocional. En ella, piden a Sónar que “corte lazos con KKR, adopte políticas éticas de programación y colaboración, respete las pautas del movimiento BDS y se comprometa (a implementar dichos cambios) con todos los artistas”.
Grupos como Nexus (B4mba & Mooki6), Manuka Honey o Animistic Beliefs han cancelado directamente su participación en Sónar y otros festivales, pidiendo que “pare el blanqueamiento a través del arte”. El productor Sega Bodega también ha cancelado su actuación en Sónar por motivos de salud.
En el caso del Viña Rock, artistas como Fermin Muguruza, Sínkope, Reincidentes o Porretas han prometido no volver a participar en el festival.
Esta oleada de cancelaciones y rechazos pone de manifiesto la creciente preocupación de la comunidad artística española por la influencia de los grandes fondos de inversión en la gestión de los principales festivales del país. Los artistas reclaman una programación más ética y comprometida, alejada de los intereses puramente económicos de estos gigantes financieros.
