Pero no contaba con que el Colegio de Aparejadores proporcionara información que podría dejarla en ridículo. Y esto comienza a resultar más patético que sensacionalista. Porque al principio se valieron del argumento de «todos van contra mi» pero ahora cada vez va quedando más claro de que no se trata de eso sino que se trata de querer interpretar la ley a su libre albedrío.
El texto de El País:
Rocío Monasterio falsificó los planos de ejecución de obras del loft del presentador Arturo Valls, según se desprende de una consulta abierta por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. La entidad ha examinado el plano publicado por este periódico, firmado por la líder de Vox, y concluye que el visado está falsificado: “El ‘plano de ejecución calle Rodas número 7, plano estado actual’, con el cajetín del estudio Monasterio & Asociados y con una firma en color azul en dicho recuadro, no se corresponde con ningún documento que obre en los archivos de esta corporación”. El plano fue tramitado en el Ayuntamiento en 2005.
Además, el colegio ha cotejado los documentos en poder de este periódico, un total de siete, y ha comprobado que no están registrados en sus archivos. No son auténticos. Los papeles figuran en el expediente municipal de la obra, es decir, que fueron tramitados en un acto administrativo del Ayuntamiento de Madrid. El colectivo de aparejadores desmintió la autenticidad de todos ellos, «a pesar de incluir un sello de visado de este Colegio». Toda esta información obra en poder de Valls, que la solicitó a la entidad para sustentar la demanda que ha presentado este mes contra Monasterio. Vox no contestó este viernes a la petición de explicaciones de este periódico.
El sello del visado que figura en el documento, el 0511764, es real. El resto de documentos están copiados. El auténtico fue sellado «para otra intervención», exactamente para «un estudio y valoración para el acondicionamiento de local para vivienda, elaborado por una colegiada nuestra», continúa la entidad. Añade que Rocío Monasterio nunca ha sido colegiada de su corporación.
EL PAÍS se ha puesto en contacto con la colegiada que firma los planos, pero no ha querido hacer declaraciones y se remite a la investigación abierta por el colegio. Trabajó entre 2004 y 2006 en el estudio de Rocío Monasterio como proyectista en diseño y dirección de obras, según consta en su currículum. No obstante, según el Colegio de Aparejadores, esta profesional «no sabía nada de este asunto».
Es el noveno caso de irregularidades urbanísticas revelado por este diario que salpica a Monasterio y a su marido, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso y promotor inmobiliario. En cambio, 40 días después del primer caso publicado por EL PAÍS, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) aún no se ha pronunciado, pese a que hay un sector crítico dentro de la entidad que reclama la apertura de una investigación.
Monasterio presentó los proyectos de algunas de sus obras entre 2002 y 2009 para ser visados, tal como exige la ley, pero el problema es que en esas fechas ella todavía no era arquitecta. No había presentado el proyecto fin de carrera (PFC) y, por lo tanto, tampoco había podido colegiarse en el COAM. Por esa razón, recurrió a terceras personas. Algunos proyectos fueron firmados por su hermano, Antonio Monasterio, ingeniero industrial. En el estudio contó con arquitectos que podían realizar el trámite. En al menos dos casos, el de un edificio de lofts en la calle Albarracín 58 y en un local de la calle San Marcos 24, vecinos y clientes aseguran no haber oído hablar nunca de Antonio Monasterio. En sendos juicios por estos casos, los denunciantes aseguraron que el hermano de Monasterio no se había encargado en realidad de las obras.
En el caso del loft del presentador Arturo Valls, la líder de Vox en Madrid repitió el patrón de conducta de casos anteriores ya documentados: las obras de reforma del local para transformarlo en vivienda se llevaron a cabo sin licencia. Monasterio se limitó a enviar la solicitud inicial, para luego desentenderse del procedimiento. Al igual que en otros episodios, también habría asegurado que se podía cambiar el uso de local comercial a vivienda, cosa que nunca ocurrió.
El plano del proyecto, ahora bajo sospecha, es de una vivienda de 100 metros cuadrados, con baño, cocina y dormitorio. Fue visado el 3 junio de 2005 en el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Madrid, a nombre de la colegiada que niega ahora haber sido ella la que estampó su número de colegiado. En dos de los planos, la propia Monasterio firma sobre el membrete del estudio, aunque entonces no era arquitecta. Después, ese mismo mes, el 30 de junio, Valls compró el local, según consta en el Registro de la Propiedad, y comenzaron las obras.
Esta es la primera vez que una institución pone en entredicho públicamente la legalidad de uno de los proyectos del estudio de Monasterio. En otras tres ocasiones anteriores, la política de Vox, licenciada a finales de 2009, aparece de forma indebida como arquitecta o directora facultativa. El primero, desvelado por EL PAÍS el mes pasado, es un plano sobre la construcción de tres lofts que Espinosa de los Monteros entregó a los vecinos de la calle Villafranca 6, durante una reunión de la comunidad. Su nombre aparece en un recuadro: «Arquitecto: Rocío Monasterio». El segundo es un documento de 2004, una certificación de obra para un proyecto en el local de la calle San Marcos, 24. Su firma manuscrita aparece al pie debajo del título «dirección facultativa». Detalla operaciones como derribos de muros de carga que solo puede firmar un arquitecto.
El tercer caso publicado en el que aparece de nuevo como arquitecta es el de una obra en un bajo del número 19 de la calle Carolinas, en el barrio de Tetuán, en 2003. Al igual que en el primer caso consta claramente en el membrete del plano: «Arquitecta: Rocío Monasterio».
Monasterio estudió la carrera en la Universidad Politécnica de Madrid entre 1992 y 1998, pero presentó su proyecto de fin de carrera (PFC), el último e imprescindible paso para obtener la titulación, en octubre de 2009. Se trataba de un proyecto para una explotación turística en Tenerife. Dos meses después, el 21 de diciembre de 2009, se inscribió en el COAM. Para entonces ya llevaba siete años al frente de un estudio con su nombre, Rocío Monasterio y Asociados, que había realizado muchos proyectos en Madrid. Ella se presentaba como arquitecta, también en artículos de prensa y entrevistas.
Esa publicidad llevó hasta su estudio a muchos clientes. Algunos de ellos, como Amaya, una joven que compró uno de sus lofts, dos de los tres compradores de la calle Villafranca, o prácticamente toda la totalidad del edificio de Albarracín, se arrepienten de la compra. La historia se repite con Arturo Valls. La inversión les causó a todos ellos un grave perjuicio económico. Según la versión de los afectados, el matrimonio les prometió poder modificar la calificación de suelo industrial a vivienda, gracias a los contactos que aseguraban tener en el Ayuntamiento de Madrid. La pareja ha negado en varias ocasiones que prometieran nada y sostienen que el comprador sabía a lo que se arriesgaba cuando hacía esta inversión.
